Acapulco Gro, 26-11-2018.- Del 2012 a 2017 el OCNF registró 12,796 asesinatos de mujeres, de los cuales en solo el 22% se iniciaron investigaciones como feminicidios, denunciaron, organizaciones civiles, y como forma de protesta, clausuraron simbólicamente Procuradurías y Fiscalías y la Secretaria de Salud por no procurar justicia, ni dar atención a las víctimas en embarazo no deseados.
Al ser entrevistada, Viridiana Gutiérrez encargada del observatorio ciudadano de la violencia contra las mujeres en Guerrero y seguimiento a la alerta de género, dio a conocer que como nunca antes en la historia, el Gobierno Federal enfrenta grandes retos y recomendaciones internacionales para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Un saldo negativo y el peor escenario de violencia que impacta en la vida y seguridad de las mujeres es el legado que deja Enrique Peña Nieto (EPN) al concluir su sexenio.
Debido que las políticas públicas e instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, han sido ineficientes y sin perspectiva de género. Aunado a ello, las procuradurías o fiscalías en lugar de garantizar el acceso a la justicia, la obstruyen. Son “negligentes y omisas”, como lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia de Mariana Lima, emitida en marzo de 2015.
Las estructuras patriarcales a las que nos enfrentamos las mujeres, se encuentran presentes en las relaciones de pareja, en la violencia laboral, en las zonas comunitarias, desde redes criminales y en la violencia institucional. La violencia de género afecta a las mujeres tanto en el ámbito privado como en el público.
“Nos enfrentamos a contextos comunitarios de alta criminalidad donde somos consideradas mercancía, botín de guerra. Atentan contra nuestro cuerpo y nos someten a niveles de violencias inimaginables. Aunado a ello, la impunidad es imperante, lo que hace permisible la prevalencia, incremento y agudización de la violencia”.
Recordaron, que en materia de violencia sexual la situación es preocupante. De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante 2017, solo 89 mujeres accedieron a servicios de aborto por violación, lo que contrasta con los casi 600 mil reportes de delitos sexuales al año, en los que nueve de cada diez víctimas, son mujeres.
Cabe destacar que las mujeres víctimas de violencia sexual no reciben una atención integral; por el contrario, en la mayoría de los casos se les criminaliza al negarles el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo. Tan solo entre 2008 y junio de 2017 organizaciones no gubernamentales documentamos 2,659 denuncias contra mujeres por el delito de aborto.
Mismo que es factor un recrudecimiento de los obstáculos por la actuación de grupos anti-derechos que se empeñan en impedir cualquier avance que tenga que ver con la igualdad sustantiva de las mujeres.
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